LOS MUERTOS QUE VOS MATAIS, GOZAN DE BUENA SALUD

 

La frase, con la que título la columna, es un dicho adjudicado a Don Juan Tenorio, drama romántico, escrito por el español José Zorrilla y Moral, basado en una obra de dos siglos anteriores, El Burlador de Sevilla, de Tirso Molina, pero en ambas, dicha frase, no aparece en ninguna de sus obras. 

Su origen se remonta a los versos alejandrinos, versos dedicados a Alejandro Magno en la edad media, que utilizó Pierre Corneille, uno de los mejores dramaturgos franceses universales, a quien se suele a asociar con la frase y que fueron adaptados al español, quedando así: “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud” 

Viene al caso luego del descubrimiento de una muerta/viva dentro de muchas otras que aparecerán, según la versión mentirosa y lucrativa de la comunista Pizarro, culpando de ello al gobierno militar. 

A medida que avanza la historia van saliendo del closet los muertos-vivos que el Partido Comunista y la izquierda, en general, con el alto auspicio de los curas liberacionistas escondieron por más de 50 años, no existiendo voluntad de la clase política de dejar caer el telón falso con el que se ha cubierto la historia de estos mismos 50 años. 

Todos los políticos son cómplices de esta estafa a las arcas fiscales, ya que todos estos falsos muertos, sus familias y hasta la cuarta generación reciben una pensión vitalicia como reparación del abuso de los agentes del estado. 

Es así, como las denuncias realizadas por el diputado Kaiser de los huesos que reposan en el Instituto médico legal por años, cobran mayor relevancia, sin que nadie se interese por investigar; los huesos aparecidos en sacos en sedes del PC, tampoco se han investigado. Como tampoco ha habido interés en abrir las fosas del patio 29, del Cementerio General.

Ahora se abre una ventana de verdad con la mirista muerta/viva que arrancó a Argentina y desde ahí, con otro terrorista a Suecia, con nombre falso y obteniendo nacionalidad de ese país. Pasan los años y regresa a Argentina con su verdadero nombre y con un hijo ya mayor que sostiene que su madre siempre sospechó que la descubrirían.

Era natural, la justicia y la verdad siempre, por mucho que tarda, llega. 

Los falsos exonerados, así como la operación retorno de los exiliados suman grandes cifras y siguen recibiendo dinero del Estado, gracias a los certificados emitidos por numerosos parlamentarios, entre ella y en cifras siderales, la desaforada exsenadora Allende.

La Sra Matthei y el Sr Kast buscan de donde sacar dinero para solventar la gigantesca deuda que deja este gobierno. Nunca han mencionado que estos fondos mal habidos serán terminados, recuperando una cifra de varios millones de dólares mensuales. 

No lo hacen, porque fueron cómplices mientras fueron parlamentarios, aprobando leyes de reparación por el consabido eslogan de los DDHH. 

Este planteamiento ha permeado tan violentamente a la sociedad chilena que ni siquiera el derecho a la autodefensa se ejerce con plena libertad y fe en la justicia, ya que, si un chileno se defiende de un atraco, robo, secuestro, sicariato, portonazos, etc, etc; crímenes que están a la orden de día y en número creciente, la justicia termina condenando al que se defiende y soltando al criminal o en la mayoría de los casos no perseverando en la investigación.

Esta ha sido la política que ha corroído la sociedad chilena, teniendo incluso parlamentarios que se han beneficiado políticamente al aparecer como los dirigentes de “presos, perseguidos o asesinados políticamente “, una de las mentiras mejor estructuradas que cruzan todo el espectro político para robarle a Ud. señor, señora el aporte diario que hace, a través de sus impuestos, al estado.

Me pregunto, ¿Qué explicación dará la Iglesia que se prestó para esta diabólica acción política? Dirá que la persecución del bien y la justicia los anuló para decir y encontrar la verdad.

La historia se encarga de poner en su debido lugar los hechos del pasado y su dimensión será aún mayor mientras más limpio sea el juicio que sobre ella se haga.

Hagamos historia, nunca está demás.

Desde el primer gobierno concertacionista, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, entregó un dossier con los antecedentes en los que aseveró que personas que aseguraban haber sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, durante el periodo del Gobierno Militar, estaban obteniendo beneficios estatales de manera fraudulenta, haciendo uso de mecanismos políticos, mediante el abuso de autoridad, los que permiten otorgar compensaciones económicas de manera equívoca a quienes hayan podido acreditar su condición de exonerado político sin serlo, es decir, sin haber sufrido ninguna medida de represión política estatal en su contra, como despidos injustificados, acoso laboral, detenciones arbitrarias, entre otra medidas tomadas  por las autoridades militares. Haciéndose parte de este abuso de corrupción, la Contraloría General de la República, estableció estimaciones. Así, al 2013, tras la elaboración de sumarios, auditorias y otras investigaciones, se pudo precisar alrededor de 3 mil casos de personas que han sido declaradas exoneradas políticas de manera errada.​ Otras investigaciones, de mayor gravedad, quedaron en manos del Poder Judicial con el fin de poder determinar la existencia de eventuales delitos, tales como fraude al fisco, falsificación de firmas, así como documentos falsos, testimonios y testigos falsos, etc.

En el 2012 se entregó al Consejo de Defensa del Estado los archivos de más o menos 1/5 de todos los exonerados políticos con el objeto de que fuesen revisados por dicho organismo.

En mayo del 2013, un informe dado a conocer por la Subsecretaria del Interior reveló que, de 50.002 casos, 9.338 presentan algún tipo de anomalía evidente.

Fue así, entonces, como en ese mismo mes el presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, asumió la responsabilidad por este escándalo, en el que estaban involucrados destacados parlamentarios de su partido, entre ellos, doña Isabel Allende. Sin embargo, y a pesar de las exigencias públicas, ni el gobierno de Piñera ni el actual, suspendieron en forma inmediata las pensiones fraudulentas, obtenidas con la certificación falsa entregada por los políticos. 

En todo este intríngulis judicial/político en junio de 2013 José Antonio Kast y otros parlamentarios solicitaron una reunión con el fiscal nacional Sabas Chahuán, para solicitarle un fiscal dedicado exclusivamente a este tema. Chahuán descartó la solicitud y les propuso reforzar el equipo anticorrupción, liderado por la fiscal Ximena Chong.

En otras palabras, Chahuán dejó al gato cuidando la carnicería.

Para no olvidar y respaldar las propuestas que hoy plantea un candidato presidencial de reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, recuerde Ud., que un total de 54 diputados fueron acusados de emitir documentos y certificados falsos entre 1996 y 2007 y así, personas llamadas “perseguidos políticos“ pudiesen cumplir con los requisitos y obtener la compensación del Estado.

En junio de 2016, la Corte Suprema de Chile sobreseyó a dichos parlamentarios, argumentando que los antecedentes aportados no son suficientes para definir ”un ilícito penal”.

¡¡¡Ud. Señor, señora saque sus conclusiones!!!

Más tarde se supo que había más de 400 personas menores de edad incluidas en estas pensiones que, al momento de sus supuestos despidos, tenían entre 15-16 años.

En resumen, la denuncia que se realiza a partir de 1990 – informe Rettig- en adelante, según el ex presidente de los perseguidos y exonerados políticos alcanza una cifra cercana a 160 mil casos, de los cuales, más de 100.000 de estas denuncias son falsas, agregando que los políticos de la Concertación y más tarde de la Nueva Mayoría, usaron el tema de los DDHH como un instrumento para obtener beneficios políticos, pero no como una política de Estado en que de verdad se defienda la dignidad de la persona.

Esta es la razón por la que hoy Chile-Vamos sigue hablando de acuerdos, dialogo y consensos como la guía que se debe seguir para gobernar y robar. Fueron ellos los cómplices de esta felonía contra Chile.

Así las cosas, el Estado gasta 400 millones de dólares anuales para pagar falsas pensiones, con el alto auspicio de la justicia, la fiscalía y el consejo de defensa del estado y ante el silencio cómplice de todos los gobiernos, a partir de 1990.

De Ud. depende que esto se termine y se diga la verdad, la misma que hoy resucita desde una muerta-perseguida y desaparecida.

Bernarda Vera nos da la razón, es falsa la historia de los DDHH en Chile y por esa falsedad se ha prevaricado, se han declarado ficciones jurídicas como pruebas y se ha sometido a inocentes a presidio de por vida y a una muerte ignominiosa.

Al cierre de esta columna, Johannes Kaiser se anota un gran triunfo legislativo, ya que logró que la Cámara de Diputados aprobara la ley que de oficio obliga al Servicio Médico Legal a identificar los huesos almacenados por más de 20 años en sus dependencias, “abriéndose la puerta de la verdad y la justicia de estos dolorosos casos“, expresó el diputado.

Recuerde que por más de 30 años los DDHH han sido un negocio político de estafa al fisco, tráfico de influencias y abuso de poder. 

Póngale término, Chile no puede seguir siendo una cueva cuatreros que secuestran la verdad histórica.