CONSTRUYAMOS JUNTOS UN PAIS DE VERDAD

 

IGLESIA GRATITUD NACIONAL

Columna de Osvaldo Rivera

Chile no necesita otro gobierno que venga a administrarnos mejor. Para eso ya tenemos ministerios, subsecretarías, seremis, asesores, consultores, expertos, observatorios, mesas técnicas, comisiones interministeriales y una extraordinaria capacidad nacional para producir documentos que explican por qué aquello que todos vemos probablemente sea mucho más complejo de lo que parece. Chile necesita algo bastante más elemental: volver a ser un país. Volver a tener familias que puedan formar hogares, barrios donde los vecinos se conozcan, escuelas que enseñen algo más que habilidades para rendir pruebas, ciudades que no parezcan diseñadas exclusivamente para comprar, trabajar y dormir, y ciudadanos capaces de comprender que una nación no es una aplicación desde la cual exigir prestaciones.

Llevamos treinta o cuarenta años celebrando que somos cada vez más modernos y todavía no hemos preguntado qué diablos significaba exactamente modernizarnos. Tenemos más tecnología, más consumo, más especialistas, más derechos, más servicios, más procedimientos y, por alguna misteriosa razón que seguramente necesitará otra comisión presidencial, menos hijos, menos familias estables, menos confianza, menos barrio, menos participación comunitaria, menos respeto por la autoridad y menos personas convencidas de que Chile será un lugar mejor para sus hijos. Una modernización espectacular. Quizás debiéramos detenernos un momento antes de completar la obra.

La política tiene responsabilidad en esto porque lleva demasiado tiempo administrando consecuencias sin tocar las causas. Cuando desaparece la familia creamos programas. Cuando desaparece el barrio levantamos oficinas. Cuando aumenta la delincuencia compramos vehículos policiales. Cuando los jóvenes pierden sentido financiamos campañas de salud mental. Cuando cae la natalidad convocamos expertos. Cuando los pueblos se vacían inventamos un fondo regional. Y cuando todo eso fracasa, hacemos lo verdaderamente importante: cambiamos el nombre del programa.

Un gobierno que quisiera realmente recuperar Chile tendría que empezar por una decisión casi revolucionaria en nuestros tiempos: dejar de tratar al chileno exclusivamente como consumidor, contribuyente, usuario, beneficiario o votante. Antes que todo eso hay personas que son hijos, padres, vecinos, trabajadores, compatriotas y herederos de una historia común. Puede parecer una idea peligrosamente antigua, pero hubo una época en que la civilización funcionaba bajo esa extravagante premisa.

Empecemos por la familia. No necesitamos otra semana de la familia, otro logo institucional ni un ministro pronunciando un discurso sobre la importancia de la crianza mientras una pareja joven descubre que necesitaría dos sueldos completos durante veinte años para pagar un departamento de sesenta metros cuadrados. Si queremos familias, hagamos posible tenerlas. Vivienda para jóvenes, incentivos reales para quienes tienen hijos, flexibilidad laboral para padres y madres, protección de la maternidad, apoyo efectivo a familias numerosas y barrios pensados para criar personas en lugar de almacenar habitantes. Después podremos encargar el afiche.

Chile tiene que decidir si quiere niños o PowerPoints sobre la crisis demográfica. Por ahora parece haberse inclinado decididamente por lo segundo.

También tenemos que recuperar los barrios. Hemos construido enormes sectores residenciales donde miles de personas duermen juntas sin conocerse, salen en automóvil por la mañana, regresan exhaustas por la tarde y llaman calidad de vida a tener cerca un supermercado y una farmacia. Después nos escandaliza que nadie conozca al vecino, que los niños vivan frente a una pantalla y que una banda de narcotraficantes sea a veces la única organización capaz de ejercer autoridad territorial.

Un gobierno serio debería transformar la recuperación del barrio en política nacional. Plazas dignas, deporte, clubes, juntas de vecinos con poder real, compañías de bomberos, centros culturales, bibliotecas, parroquias, organizaciones juveniles, comercio local y espacios donde las personas tengan alguna razón para encontrarse sin necesidad de comprar algo. Tenemos que volver a llenar el espacio que existe entre la puerta de la casa y el Estado. Porque una sociedad no puede componerse exclusivamente de individuos encerrados en departamentos que se comunican con Santiago mediante una aplicación.

Y sí, necesitamos autoridad. Mucha. Durante años algunas almas particularmente sensibles imaginaron que hablar de autoridad era casi una manifestación de fascismo. El resultado fue bastante pedagógico: allí donde el Estado abandonó la autoridad apareció rápidamente otra persona dispuesta a ejercerla, generalmente con una pistola, una esquina y un negocio bastante menos respetuoso de los derechos humanos.

Hay que recuperar calles, poblaciones, fronteras y espacios públicos. El narcotraficante no puede ser autoridad, el delincuente no puede decidir a qué hora se cierra un barrio y ningún territorio chileno puede tener reglas distintas porque el Estado considera demasiado complicado entrar. Eso exige policías respaldadas políticamente, inteligencia, persecución patrimonial, control fronterizo y cárceles capaces de cumplir su función sin transformarse en universidades del crimen.

Pero aquí también debemos evitar otra tontería muy propia de nuestra época: pensar que seguridad significa simplemente llenar el país de cámaras, patrullas y controles. La policía puede recuperar una plaza, pero no puede convertirla en comunidad. Puede sacar al traficante, pero no puede reemplazar a la familia, al entrenador, al profesor, al comerciante, al dirigente vecinal o al sacerdote. Primero entra el Estado para expulsar al crimen; después tiene que entrar la sociedad para que el crimen no encuentre nuevamente un vacío que ocupar. Parece sentido común. Precisamente por eso resulta tan exótico en política pública.

También hay que recuperar el trabajo como algo más que una cifra del INE. Chile necesita volver a respetar al maestro, al técnico, al mecánico, al agricultor, al pescador, al carpintero, al electricista, al pequeño comerciante y al trabajador que sabe hacer algo concreto con sus manos y su inteligencia. Durante años convencimos a medio país de que el único camino respetable consistía en obtener un título universitario y sentarse frente a un computador. Luego descubrimos, con extraordinaria sorpresa, que alguien todavía tenía que construir las casas, reparar las máquinas, mantener las industrias, producir alimentos y hacer funcionar la infraestructura.

Necesitamos una revolución de la educación técnica, los oficios y el aprendizaje profesional. Y no como alternativa de segunda categoría para quienes supuestamente “no alcanzaron” la universidad, sino como una política estratégica nacional. Un país que pierde sus oficios pierde algo más que trabajadores: pierde conocimiento acumulado, autonomía y dignidad productiva.

Lo mismo vale para nuestra economía. Durante años nos dijeron que no importaba demasiado qué producíamos, porque siempre podríamos comprarlo más barato en otro lugar. Era una teoría magnífica hasta que empezaron las pandemias, las guerras, las crisis logísticas y las disputas geopolíticas. Entonces descubrimos que quizás producir alimentos, medicamentos, tecnología, energía y determinadas capacidades industriales dentro del propio país no era una extravagancia proteccionista, sino algo parecido a tener una nación.

No propongo cerrar Chile ni convertirlo en una autarquía delirante. Propongo algo mucho más peligroso: usar el sentido común. Hay industrias estratégicas que un país debe preservar. Hay regiones que no podemos abandonar. Hay agricultura que debemos proteger. Hay capacidades tecnológicas que necesitamos desarrollar. Hay infraestructura que no puede depender completamente de intereses extranjeros. El mercado es una herramienta magnífica; el problema comienza cuando, por comodidad intelectual, decidimos convertir una herramienta en filosofía de Estado.

La educación también requiere una limpieza conceptual profunda. Nuestros niños tienen derecho a conocer el país al que pertenecen. Historia de Chile, geografía, literatura chilena, formación cívica, tradiciones, patrimonio, música, personajes, conflictos, triunfos y tragedias. Todo. Sin convertir la sala de clases en un desfile militar ni en un seminario permanente de autodenigración nacional, que parecen ser las dos únicas posibilidades que nuestra imaginación ideológica consigue concebir.

Un niño chileno debería terminar la escuela sabiendo dónde vive, de dónde viene su país, qué ocurrió antes de que él naciera y por qué ciertas cosas merecen ser conservadas. Porque si nosotros no le contamos su historia, alguien más le venderá una identidad prefabricada por TikTok antes de que llegue a primero medio.

Y tenemos que volver a hablar de patriotismo sin pedir disculpas. No del patriotismo de septiembre, empanada, bandera plástica china y fotografía de candidato a caballo. Hablo de patriotismo como responsabilidad. Amar Chile significa asumir obligaciones con Chile. Significa cuidar lo público, servir, pagar lo que corresponde, ayudar al vecino, participar en organizaciones, respetar la ley, conocer nuestra historia y comprender que los derechos vienen acompañados de deberes, esa palabra misteriosamente desaparecida del vocabulario político nacional.

Yo establecería un verdadero sistema de servicio nacional, amplio y flexible. Servicio militar para quien corresponda, protección civil, bomberos, cuidado ambiental, apoyo social, reconstrucción, patrimonio, emergencias y trabajo comunitario. Un período en que jóvenes de Las Condes, La Pintana, Temuco, Arica, Chiloé y Punta Arenas tengan que hacer algo juntos por Chile. Algo real. No un taller de liderazgo con coffee break.

Porque tenemos otro problema que nadie quiere decir demasiado fuerte: las clases sociales chilenas casi no se encuentran. Viven en barrios diferentes, estudian en colegios diferentes, se atienden en sistemas diferentes, veranean en lugares diferentes y cada vez tienen menos experiencias comunes. Después hacemos discursos emocionados sobre cohesión social. Tal vez podríamos empezar haciendo que los chilenos vuelvan a conocerse.

También recuperaría nuestras ciudades. Chile se ha vuelto increíblemente tolerante con la fealdad. Destruimos edificios hermosos para levantar cajas de vidrio, llenamos calles de cables y letreros, abandonamos monumentos, permitimos que centros históricos se degraden y luego instalamos un macetero de plástico para hablar de recuperación urbana. Después vienen los especialistas a explicar que la estética es subjetiva.

No, no todo da lo mismo.

Una ciudad cuidada le dice a sus habitantes que el lugar donde viven importa. Una plaza bella, una estación ferroviaria restaurada, una fachada conservada, un parque limpio o un edificio público digno enseñan pertenencia sin necesidad de una campaña comunicacional. También se gobierna construyendo belleza. También se destruye comunidad construyendo fealdad.

Y para hacer todo esto necesitamos cambiar la máquina estatal. Chile tiene un Estado enorme para algunas cosas y sorprendentemente inexistente para otras. Puede exigir seis formularios para instalar un negocio, pero no impedir que una banda controle una población. Puede fiscalizar el tamaño de un letrero comercial, pero pasar años sin recuperar un inmueble tomado. Puede crear una subsecretaría en meses, pero tardar una década en construir infraestructura crítica. Es un Estado que ha alcanzado una sofisticación admirable para administrar pequeñas cosas mientras demuestra periódicamente una impotencia conmovedora frente a las grandes.

Hay que descentralizar poder, eliminar burocracia inútil, fortalecer municipios, evaluar programas por resultados, cerrar organismos que no sirven y devolver autonomía a organizaciones sociales. No necesitamos un Estado más grande ni necesariamente uno más pequeño. Necesitamos uno que sepa cuándo debe mandar y cuándo debe apartarse.

Fuerte frente al delincuente. Limitado frente a la familia. Firme en la frontera. Facilitador con el pequeño emprendedor. Exigente con la educación. Protector del patrimonio. Implacable con la corrupción. Humilde frente a aquellas comunidades que pueden resolver sus propios asuntos mejor que un funcionario sentado a quinientos kilómetros de distancia.

Ese sería el comienzo de un gobierno comunitario.

No promete fabricar una sociedad nueva, porque ya hemos tenido suficientes políticos enamorados de esa idea. Tampoco propone regresar a un Chile imaginario donde todo supuestamente funcionaba mejor. Propone algo mucho más concreto: conservar lo bueno que todavía existe, recuperar aquello que destruimos irresponsablemente y reconstruir las instituciones que permiten que millones de desconocidos se reconozcan como compatriotas.

Necesitamos volver a tener hijos, familias, barrios, escuelas, autoridad, trabajo, belleza, memoria y deberes comunes. Necesitamos ciudadanos y no solamente consumidores. Necesitamos comunidades y no solamente beneficiarios. Necesitamos municipios que gobiernen territorios y no sucursales administrativas ni menos plataformas para aspirantes políticos, actuando como agencias de los partidos políticos. Necesitamos un Estado que proteja la nación en vez de intentar reemplazarla.

Y sobre todo tenemos que dejar de comportarnos como si Chile fuese simplemente una plataforma económica instalada entre la cordillera y el Pacífico.

Un país no es su PIB. No es su clasificación de riesgo. No es el número de tratados comerciales que ha firmado ni la cantidad de ministerios que puede financiar. Tampoco es una bandera gigantesca colocada frente a La Moneda, mientras todo aquello que la bandera representa se debilita silenciosamente detrás de ella.

Un país existe mientras sus habitantes creen que existe un “nosotros” suficientemente importante como para cuidarlo, defenderlo y transmitirlo.

Si queremos recuperar Chile, por ahí debemos comenzar.

Y si eso parece demasiado ambicioso para nuestra política, quizás el problema no sea la propuesta.

Quizás llevamos demasiado tiempo eligiendo administradores cuando lo que necesitamos son gobernantes.