A CHILE LE FALTA UN MANUAL

 

Columna de Osvaldo Rivera

Hay semanas en que la política chilena parece seguir un plan. Hay otras en que parece redactada por una mesa de guionistas que compiten por ver quién introduce la escena más absurda antes del cierre de edición. Esta última pertenece, con holgura, a la segunda categoría.

Mientras el país todavía intenta acostumbrarse a una delincuencia que ya perdió hasta el pudor, nuevamente un carabinero fue asesinado en acto de servicio. El cabo segundo Cristopher Aguilera, de apenas treinta años y padre de un niño de nueve meses, murió durante una fiscalización en Lo Espejo. El autor de los disparos, ciudadano venezolano, tenía antecedentes previos y había pasado anteriormente por el sistema penal. El problema, por tanto, ya no admite demasiados eufemismos administrativos: alguien que había tenido encuentros anteriores con la justicia estaba nuevamente en la calle y armado. El resto son seminarios, mesas técnicas y PowerPoint.

Chile ha perfeccionado una curiosa especialidad burocrática: ser implacable después del crimen. Antes cuesta un poco más.

Declaraciones solemnes, duelo nacional, reuniones extraordinarias, proyectos urgentes, ministros muy serios frente a micrófonos y la habitual promesa de que “esta vez” algo cambiará. El delincuente, entretanto, suele haber recorrido previamente una respetable cantidad de estaciones del aparato estatal sin que ninguna haya conseguido la hazaña revolucionaria de impedir que vuelva a delinquir.

En paralelo apareció otra escena digna de nuestra administración pública: la decisión judicial de trasladar a Punta Arenas a un imputado de alta peligrosidad vinculado a investigaciones por sicariato. Aquí corresponde hacer justicia al ministro de Seguridad, Martín Arrau: no fue él quien ordenó semejante traslado; por el contrario, cuestionó públicamente la resolución, precisamente porque el recinto penitenciario de Punta Arenas no posee las características de una cárcel de máxima seguridad.

Y uno agradece la aclaración, aunque la situación no deja de ser extraordinaria.

Porque mandar criminalidad de alta peligrosidad a Punta Arenas tiene, además, una involuntaria creatividad histórica. La ciudad nació en el siglo XIX estrechamente vinculada a la condición de colonia penal. En 1851 sufrió el sangriento motín encabezado por Miguel José Cambiaso, episodio que terminó, entre otras atrocidades, con la muerte del gobernador Benjamín Muñoz Gamero. En 1853 el Estado decidió terminar con aquella condición y transformar Magallanes en territorio de colonización. Costó décadas transformar aquel confín penitenciario en una ciudad propiamente tal.

Ciento setenta años después, algún iluminado del sistema parece haber pensado que siempre es saludable reencontrarse con las tradiciones.

Falta solamente inaugurar el servicio con una placa que diga: “Punta Arenas, recuperando nuestras raíces desde 1851”.

En justicia, la discusión revela algo bastante más serio. Cuando Gendarmería advierte que determinado establecimiento no reúne las condiciones adecuadas para recibir internos de cierto nivel de peligrosidad y, pese a ello, el sistema termina discutiendo su traslado hasta allá, el problema deja de ser simplemente penitenciario. Es el viejo deporte nacional de repartir responsabilidades entre instituciones hasta que finalmente nadie es completamente responsable de nada.

Y mientras todo esto ocurría apareció, como si faltara algo en el libreto, la política exterior.

El canciller Francisco Pérez Mackenna se convirtió en el primer ministro de Relaciones Exteriores interpelado desde que el mecanismo de interpelaciones fue incorporado constitucionalmente en 2005. La jornada tuvo como interrogador al diputado socialista Nelson Venegas y terminó produciendo bastante más material para la sobremesa política que para los tratados de diplomacia.

Venegas llegó dispuesto a demostrar que la diplomacia podía practicarse con la sutileza de una llave inglesa. Le reprochó al ministro su preparación, cuestionó sus conocimientos geopolíticos y finalmente le preguntó por qué no renunciaba.

Pérez Mackenna respondió:

“Porque usted no es el Presidente de la República”.

Y durante algunos segundos el Congreso dejó de parecer una institución republicana y adquirió la atmósfera de una discusión de sobremesa en la que alguien, después de veinte minutos de discurso, descubre que dejó servida la respuesta perfecta.

No corresponde determinar quién “ganó” una interpelación parlamentaria; para eso están los partidarios de cada cual. Lo indiscutible es que la primera interpelación de un canciller chileno desde la creación del mecanismo terminó siendo recordada, al menos inicialmente, por aquella frase. El oficialismo la celebró y la oposición consideró insuficientes varias respuestas del ministro.

Pero la verdadera curiosidad vino por otro lado.

Chile acaba de adherir al denominado Escudo de las Américas, iniciativa de coordinación internacional promovida para enfrentar al crimen organizado transnacional. El objetivo declarado difícilmente puede ser objetado en abstracto: compartir inteligencia, mejorar coordinación fronteriza, enfrentar al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación y a una larga colección de organizaciones que parecen haber convertido el continente en una feria multinacional del delito. Chile se incorporó formalmente el 22 de septiembre.

Hasta ahí, razonable.

Lo pintoresco aparece cuando nuestras autoridades se apresuran a explicar que el gran Escudo de las Américas no tendrá, en el caso chileno, componente militar alguno. Tanto el canciller como el ministro Arrau han señalado expresamente que la adhesión no implica operaciones de fuerzas militares extranjeras ni utilización de las Fuerzas Armadas chilenas en ese marco.

Es decir: tenemos escudo, enemigos transnacionales, soberanía que proteger, carteles con estructuras cuasi militares y una coordinación hemisférica de seguridad… pero las Fuerzas Armadas vienen sin pilas.

Una suerte de Fuerzas Armadas de Ripley: magníficas en la vitrina institucional, impecables durante las ceremonias y, llegado el momento de explicar cómo participa Chile en el nuevo “escudo”, cuidadosamente guardadas en la caja.

Naturalmente, existen razones jurídicas para distinguir seguridad pública, defensa nacional y funciones policiales. Eso es perfectamente discutible dentro de una democracia. Pero hasta el nombre produce cierta comicidad involuntaria: pocas veces se ha inventado un escudo donde sea necesario aclarar inmediatamente que quienes profesionalmente manejan los escudos más grandes no participan.

Nuestra política posee esa capacidad única de bautizar las cosas antes de decidir exactamente qué significan.

Y hablando de nombres grandilocuentes, esta semana también conocimos “Gobernar con Fe”, encuentro organizado por Reforma Chile y apoyado por diputados republicanos, entre ellos Stephan Schubert, Benjamín Lorca y José Antonio Kast Adriasola, destinado a reflexionar sobre el papel de las convicciones cristianas en la actividad política.

La derecha chilena, aparentemente insatisfecha con tener partidos políticos, think tanks, fundaciones, centros de estudios y bancadas parlamentarias, ha decidido incorporar también el consistorio.

Uno observa el programa y espera que en cualquier momento aparezca Juan Calvino solicitando acreditación en la entrada del ex Congreso.

La inspiración reformada es perfectamente legítima y la presencia de la religión en la vida pública constituye un asunto filosófico de enorme importancia. Pero existe una frontera muy fina entre reconocer la dimensión religiosa de la sociedad y transformar la política en competencia de beatitud.

Y nuestros republicanos parecen a veces empeñados en explorar esa frontera con GPS.

Son insoportablemente beatos.

No basta con gobernar bien: hay que gobernar con fe. No basta con discutir políticas públicas: aparentemente conviene además acompañarlas de exégesis. Uno comienza preguntándose por la relación entre cristianismo y Estado y corre el riesgo de terminar revisando el presupuesto nacional según la Institución de la religión cristiana.

Si Calvino hubiese tenido bancada parlamentaria probablemente habría pedido la palabra por Reglamento.

La paradoja se vuelve todavía más interesante cuando, simultáneamente, Santiago celebró la gran procesión del centenario de la coronación de la Virgen del Carmen como Reina de Chile.

La celebración fue solemne. Más de diez mil personas acompañaron la imagen desde la Catedral Metropolitana hasta la Plaza de la Ciudadanía. Hubo bandas, honores, autoridades y delegaciones institucionales. La coronación original se había realizado el 19 de diciembre de 1926, presidida por el nuncio apostólico Benedetto Aloisi Masella en representación del Papa Pío XI.

Es una tradición hermosa y profundamente chilena.

Precisamente por eso vale preguntarse si comprendemos todavía el símbolo que llevamos sobre los hombros.

Porque una Virgen venerada históricamente como amparo, madre, patrona y representación de justicia y misericordia exige algo más que uniformes perfectamente planchados, discursos ceremoniales y autoridades esperando frente a La Moneda.

Para quienes consideran injustos determinados procesos judiciales seguidos contra militares ancianos por hechos ocurridos décadas atrás, la escena produce una contradicción evidente; para quienes defienden esos procesos como cumplimiento de obligaciones judiciales en materia de derechos humanos, la interpretación será muy distinta. La procesión no resuelve ese debate. Pero precisamente por ello resulta impropio reducir una tradición religiosa de esa magnitud a decoración ceremonial del Estado.

La fe convertida exclusivamente en protocolo termina siendo una forma particularmente elegante de no creer en nada.

Y quizás ahí exista una diferencia interesante con 1926. No porque Chile haya dejado simplemente de ser religioso —eso sería una explicación demasiado fácil—, sino porque nuestra comunidad parece haber perdido capacidad para compartir símbolos con un significado común. Hoy tenemos símbolos de sobra; lo difícil es saber qué significan para nosotros.

En mitad de semejante semana tampoco podía faltar Europa.

Ursula von der Leyen continúa promoviendo la cooperación de la Unión Europea con América Latina en materias como comercio, minerales críticos y protección oceánica. Chile, además, figura entre los países que se incorporaron a la alianza internacional vinculada a OceanEye, iniciativa europea destinada a desarrollar capacidades de observación oceánica.

OceanEye.

Hasta nuestros océanos necesitan ahora nombre de película de espionaje.

Que los países compartan información científica para proteger los mares puede ser perfectamente razonable. Lo fascinante es la capacidad contemporánea para envolver cualquier estructura internacional en nombres que parecen concebidos por el departamento de marketing de una película de James Bond.

Y respecto de Von der Leyen, tampoco es necesario recurrir a calificativos grandilocuentes para encontrar material político interesante.

Existe un libro particularmente crítico: UrsulaGates: la compromission par les lobbys, de Frédéric Baldan. El autor ha formulado graves acusaciones contra la presidenta de la Comisión Europea relacionadas con el llamado SMSgate y las negociaciones mantenidas durante la pandemia con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Es importante precisar que esas acusaciones son precisamente eso: acusaciones de Baldan, no sentencias que hayan declarado culpable a Von der Leyen de corrupción.

Pero el problema de transparencia subyacente no es imaginario.

El 14 de mayo de 2025, el Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión mediante la cual la Comisión Europea había rechazado entregar los mensajes intercambiados entre Von der Leyen y Bourla, considerando insuficientes las explicaciones ofrecidas respecto de su inexistencia o falta de posesión.

Y eso resulta bastante más incómodo que cualquier adjetivo.

Porque la buena sátira política no necesita inventar villanos cuando existen documentos judiciales.

Quizás alguien en el segundo piso de La Moneda podría hojear el libro. No necesariamente para creer cada una de sus conclusiones —leer no obliga a convertirse—, sino por el sencillo y revolucionario ejercicio de conocer qué controversias acompañan a quienes llegan rodeados de fotografías, declaraciones estratégicas, minerales críticos y cooperación internacional.

Leer sigue teniendo esa molesta costumbre de introducir contexto.

Así transcurre nuestra curiosa República.

Un carabinero asesinado por un delincuente que ya había conocido previamente al sistema penal. Un preso de alta peligrosidad camino a una ciudad que pasó un siglo intentando olvidar su origen como colonia penal. Una interpelación histórica que terminó proporcionando una frase para los titulares. Un Escudo de las Américas en el que Chile participa dejando fuera cualquier dimensión militar. Un grupo de parlamentarios estudiando cómo gobernar con fe con un entusiasmo capaz de poner nervioso al mismísimo Calvino. Una Virgen llevada solemnemente frente al poder civil mientras seguimos discutiendo qué significa realmente justicia. Y Europa apareciendo nuevamente con minerales críticos, observación oceánica y una presidenta cuya relación con la transparencia documental ha debido llegar hasta los tribunales.

Podrían parecer hechos inconexos.

Quizás precisamente allí está la conexión.

No estamos ante una conspiración ni ante un único gran acontecimiento. Estamos ante una miscelánea de pequeños episodios que, puestos uno al lado del otro, describen una manera de ejercer el poder: mucha ceremonia, abundante declaración, nombres grandiosos, instituciones superpuestas y una extraña dificultad para que las palabras coincidan exactamente con las cosas.

Tenemos escudos sin militares, cárceles sin máxima seguridad para presos de máxima peligrosidad, cónclaves religiosos en el Congreso, procesiones públicas en una sociedad que discute hasta el significado de sus símbolos y mecanismos históricos de fiscalización que terminan convertidos en clips de ocho segundos.

Chile no carece de instituciones.

A ratos lo que parece faltarnos es el manual de instrucciones.

Y, considerando el entusiasmo nacional por no leer, probablemente alguien ya lo perdió.